Una Constitución que lesionaba la libertad religiosa

La Constitución de la Segunda República, en su Artículo 26, establecía la disolución de las órdenes religiosas que estableciesen un voto de “especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado”. Se proscribía así a las órdenes que hacían voto de obediencia al Papa. A comienzos de 1932, esa norma dictatorial se utilizó para disolver la Compañía de Jesús, nacionalizar sus bienes e iniciar una auténtica persecución contra sus miembros.

La Constitución de 1931 establecía, además, la disolución de todas las órdenes religiosas que “constituyan un peligro para la seguridad del Estado”. Con una afirmación así se abría la puerta a que cualquier gobierno se cargase toda orden que no complaciese los caprichos del poder. Además, dicha Constitución prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, una labor a la que los religiosos había dedicado enormes esfuerzos y que había permitido educarse a numerosas personas de las clases más humildes. Se trataba de un atropello en toda regla que violaba el derecho a la libertad de educación. Pero las medidas anticatólicas de esa Constitución no acababan ahí.

El Artículo 27 proscribió los cementerios religiosos, ya fueran católicos, judíos, protestantes, etc. Dicho Artículo también establecía lo siguiente: “Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.” Se sometía así a la voluntad del poder el ejercicio de la libertad religiosa, suprimiéndola de facto.

Viendo lo que dice Rouco, la visita de Rajoy al Papá y las declaraciones de la portavoz del PSOE de que no va a dejar que nos gobiernen los obispos, veo que no hemos progresado mucho en este país, en el que seguimos mezclando política y religión.
Será por nuestro pasado moro que seamos tan fundamentalistas y mezclemos unas cosas y otras, o será por los gloriosos años del Generalísmo donde derecha y moral cristiana eran Palabrita del Niño Jesús.

En el nombre del padre, del hijo y del espiritu santo, AMEN